La Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite lo que, hasta ahora, es la impugnación más seria contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Presidenta Norma Piña admitió el juicio de inconformidad electoral promovido por el colectivo Poder Ciudadano y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá presentar un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte.

El máximo tribunal tendrá mañana su última sesión del primer periodo de 2025, y regresará hasta el 4 de agosto, pero en materia electoral, todos los días y horas son hábiles.

El Pleno ya sólo tiene previstas dos sesiones más en agosto, y en alguna de ellas, o incluso en una sesión extraordinaria, tendrá que hacerse cargo de este juicio, así como de otro promovido por Iván Bravo Olivas, que fue admitido a finales de junio y turnado al Ministro Jorge Pardo.

Es la primera vez que la Corte tramita impugnaciones contra los resultados de una elección, pues desde 1996 esa función ha sido exclusiva del propio TEPJF.

Pero el recurso de Poder Ciudadano podría ser improcedente, lo que impediría a la Corte pronunciarse sobre la validez de la elección, y sobre temas como el uso generalizado de acordeones para direccionar a los votantes.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) indica que sólo los candidatos pueden promover el juicio de inconformidad en las elecciones judiciales.

Ninguno de los 13 candidatos derrotados en la elección para la Sala Superior del TEPJF la impugnó ante la Corte.

Todos estos aspirantes podrán competir de nuevo en las elecciones de 2027, cuando se disputarán cinco lugares en dicha sala.

Claudia Valle y Gilberto Bátiz, los candidatos ganadores, tuvieron una enorme ventaja en la elección, lo que hace difícil que la Corte declare la nulidad, incluso si una mayoría de Ministros y Ministras considera que sí se puede estudiar el fondo de la demanda de Poder Ciudadano.

El juicio de Bravo Olivas, secretario en una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Durango, parece aún más endeble, pues no fue candidato, y además, impugna el cómputo de votos para la Sala Superior del TEPJF en un distrito de Durango, y pide anular la elección, pero solo en dicha entidad.

La elección de Sala Superior fue nacional, por lo que no parece posible que la Corte declare que fue nula en una sola entidad, sino que, en todo caso, podría anular casillas específicas y hacer un nuevo cómputo.

La decisión de Morena de someter al TEPJF a voto popular, obligó a asignarle a la Corte la revisión de estas impugnaciones, pues de otro modo, la Sala Superior estaría calificando la elección de sus propios integrantes.

Rechaza revisar salas regionales.

En cuanto a las magistraturas de Sala Regional del TEPJF, la Corte resolvió el pasado 8 de julio, en sesión privada, que no le corresponde resolver las impugnaciones de los candidatos derrotados, función que toca a la Sala Superior.

El Pleno respondió con ello a oficios que le envió el Instituto Nacional Electoral, en los que daba a entender que la Corte es la que tendría que atender estos juicios.

La Constitución expresamente menciona que todas las impugnaciones relacionadas con magistraturas electorales tendrían que ser resueltas por la Corte, pero en la LGSMIE, el Congreso le dejó solo los recursos relacionados con la elección de Sala Superior.