Elección de consejeros del INE y del Tribunal Electoral costaría 8 mil millones de pesos
El Instituto Belisario Domínguez advierte sobre las ventajas y riesgos que habrían si se aprobara la reforma electoral impulsada por el presidente de la república.
Por un lado, el artículo del investigador César Alejandro Giles Navarro adscrito al Instituto Belisario Domínguez, señala que la reforma electoral impulsada por el presidente de la república daría mayor legitimidad a las autoridades electorales, si fueran electas a través del voto directo de la ciudadanía.
Sin embargo, advierte sobre los riesgos y costos que esto conllevaría. Por ejemplo, la organización y celebración de otro proceso electoral, en donde se elijan consejeros y magistrados electorales tendría un costo de superior a los 8 mil millones de pesos, contrario al principio de austeridad que busca el gobierno con la reforma electoral.
La organización y celebración de un nuevo proceso electoral federal tendría un costo económico superior a los 8 mil millones de pesos, que va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral.
César Alejandro Giles Navarro
Además, Giles Navarro señala sobre el riesgo de que tanto consejeros como magistrados electos pertenezcan al partido en el poder, lo que los volvería dependientes del Ejecutivo Federal y con ello la aplicación de reglas sería una cuestión de conveniencia y no de legalidad, por lo que afectaría la equidad de la contienda.
Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política
César Alejandro Giles Navarro
Por otro lado, al integrar las listas de candidaturas para la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y del Tribunal Electoral por mayorías calificadas de las cámaras, se corre el riesgo de que las candidaturas sean “repartidas entre las principales fuerzas políticas, en aras de lograr la mayoría calificada.”
En este sentido, la iniciativa no establece candados para evitar que las personas que deseen ser consejeros y magistrados tengan vínculo con partidos políticos.
